Según la Junta de Supervisión Fiscal, la renegociación de la deuda pública representa ahorros al fisco de $27,500 millones.
$939 millones era el monto total del proceso de reestructuración de deuda pública al 13 de junio.
Los honorarios profesionales y gastos incurridos por el gobierno durante los casos de Título III son parte de los ahorros que se han creado.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) señaló que su paquete informativo que enviará a los acreedores del gobierno central en los próximos días, establece que el proceso de bancarrota, que busca erradicar unos $72,000 millones en deuda pública, le ha costado a los contribuyentes puertorriqueños unos $939 millones. Esto equivale a $1 para ahorrar cerca de $30.
Según la Declaración Informativa aprobada por la jueza Laura Taylor Swain, hasta el pasado 13 de junio, los gastos y honorarios legales, financieros y de consultores de los casos de Título III totalizaron $939,137,623.49.
En contraste, según la JSF, los esfuerzos de reestructuración de bonos han resultado en un alivio de $27,500 millones por principal e intereses dejados de pagar. La cifra no incluye los alivios que según la JSF, se darían si la jueza Swain confirma el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central.
La JSF alega que el gobierno central también verá que otros $932 millones se ahorren como resultado de la anulación de la Ley 29, el estatuto que condonaba a los municipios el pago de la aportación a la reforma de salud y las pensiones.
Del total de gastos y honorarios, al pasado 13 de junio, alrededor de la mitad, unos $503 millones, corresponden a abogados y los asesores financieros que ayudaron a estructurar la deuda de la isla antes de la quiebra; y ahora han cargado con la segunda tajada de facturación ascendente a $278 millones. En total, unas 50 firmas han participado del proceso de reestructuración de Puerto Rico.
Los gastos por cada entidad
Al agrupar los gastos por cada parte en el proceso de reestructuración, los honorarios de los contratistas de la JSF ascendían hasta el pasado 13 de junio, a $493 millones y aquellos de la Autoridad de Asesoría Finan-ciera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el gobierno superaban $284 millones.
La facturación del Comité Oficial de Retirados (COR) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), nombrados por el Síndico de Estados Unidos, han facturado en conjunto unos $139 millones.
En tanto, el Agente de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), una figura que se creó para resolver el impasse entre bonistas, el UCC y la JSF ha costado casi $21 millones.
$43 billones en alivios para Puerto Rico
Desde la perspectiva de la JSF, cada dólar gastado en el proceso de reestructuración ha obrado para bien.
Considerando los números de la JSF, podría decirse, que cada $1 invertido en abogados y asesores ha dejado al fisco cerca de $30 en pagos que no se efectuarán. En dólares y centavos, los ahorros que se verían al cabo de dos décadas, serían casi equivalentes al presupuesto consolidado del año fiscal en curso.
Según la Declaración Informativa y en total, la JSF se adjudica sobre $43,328 billones en alivios para Puerto Rico. Pero esa cifra incluye la avalancha de reclamaciones duplicadas que generó el proceso de Título III y que no son deudas exigibles contra el gobierno. A la fecha, la JSF ha promovido o respaldado la reestructuración de cinco emisores de deud
Pese a tales ahorros y otros previstos en el PDA, y aunque funcionen las reformas económicas que ha requerido la JSF, el plan fiscal del gobierno establece que Puerto Rico encararía déficit presupuestarios, a partir de la próxima década.
A juzgar por datos de la Junta de Supervisión Fiscal, la renegociación de la deuda pública ya representa ahorros al fisco de $27,500 millones en principal e intereses.
Artículo Original: JOANISABEL GONZÁLEZ. "El costo de la bancarrota" en El Nuevo Día (impreso). Publicado originalmente 08/02/2021.
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