El juez del Tribunal Superior de San Juan, Alfonso S. Martínez Piovanetti, declaró el martes como inconstitucional un artículo de la Ley de Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico, o Ley 52 de 2022, que habría agregado requisitos para completar transacciones de bienes raíces en la isla, y que había despertado oposición de abogados, hipotecarios y agentes inmobiliarios.
La Ley 52, que fue firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, tiene como objetivo evitar la pérdida de casi el 20 por ciento de los ingresos locales mediante la sustitución de la Ley 154 de 2010, un impuesto especial del 4 por ciento sobre las corporaciones extranjeras controladas (CFC), cuya acreditabilidad federal pone fin a este año, con impuestos sobre la renta y regalías contra los cuales estas empresas exentas pueden reclamar un crédito fiscal federal.
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